En medio de acusaciones por exceso de regulaciones, diputados aprobaron reforma a Ley Antilavado y el Código Penal

Este lunes el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Antilavado que modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Penal Federal, tanto en lo general como en lo particular.
La aprobación se realizó en medio de una discusión apresurada y con acusaciones por parte de la oposición de más de un exceso como por ejemplo una sobreregulación, riesgos para las libertades individuales y falta de claridad en algunos alcances de la iniciativa.
Con 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones, el pleno avaló en lo particular la reforma a la Ley Antilavado, impulsada por el senador morenista Javier Corral, la cual – se aduce- busca atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual este año evaluará a México en cuestión de prevención de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo.
Con respecto a la misma el panista César Augusto Rendón indicó que la “ampliación de obligaciones a nuevos sectores, como desarrolladores inmobiliarios, proveedores de activos virtuales y profesionales jurídicos podría propiciar un entorno de incertidumbre, especialmente para las pymes...” Consideró también que la misma busca imponerles nuevas cargas, sin un periodo de adaptación, ni programas de capacitación que podría llevarles a la informalidad o a la parálisis.
Otro tema que causó polémica es la adhesión y definición del concepto de “persona políticamente expuesta”. Y es que de acuerdo con la reforma, este concepto se refiere a la persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establezca en reglas o disposiciones de carácter general.
La diputada Reyes de la Torre de Movimiento Ciudadano señaló que “nos preocupa que esta reforma deje en manos de Hacienda, según el artículo 3, la definición de quién es una persona políticamente expuesta, las cuales podrán ser objeto de vigilancia, reportes, monitoreo, intercambio de datos y quizás hasta congelamiento de cuentas. Todo sin controles judiciales efectivos. La ley no lo aclara y lo delega a reglas secundarias, por lo que el margen se vuelve riesgoso, porque no sólo se trata de servidores públicos que ocupan cargos relevantes”, lo que sería relativamente entendible, afirmó, sino también de personas cercanas, familiares, socios, allegados o incluso colaboradores.